Excluyen atención sanitaria con menos de 90 día en España. Existe una queja de exclusión sanitaria ante el Defensor del Pueblo. Al parecer se tergiversa la ley para no atender a pacientes con menos de 90 días en España. Así lo indicó el colectivo ciudadano Yo Sí Sanidad Universal quien acusa al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de poner trabas. Todavía su queja no ha tenido ningún tipo de respuesta.
Sermas desde hace dos meses está realizando unos cursos de formación para el personal administrativo de Atención Primaria. En dichos curso insta a revisar el pasaporte y certificado de empadronamiento y denegar la inclusión en el sistema sanitario. Se incluye a menores y a embarazadas que no acrediten por lo menos unos tres meses de residencia. Con está decisión podrían poner en riesgo su salud.
De una manera arbitraria algunos centros contabilizan 90 días desde la entrada del territorio nacional. En otros lo exigen, esos mismos 90 días desde la inscripción en el padrón municipal. El colectivo también ha recibido denuncias que en los cursos se dan instrucciones de no atender embarazadas con más de 38 semanas de gestación. Las consideran que son “mujeres que vienen a parir aquí”.
Excluyen atención sanitaria. Situación administrativa irregular
La Sanidad general en España se dañó cuando en el 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el RDL 16/2012. Quedan por fuera de la atención médica diversos grupos de población en especial quienes se encuentran en situación administrativa irregular. Aunque en dicho Real Decreto se contemplaron tres excepciones:
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Atención de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta el alta hospitalaria.
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Las embarazadas durante el período de gestación, parto y posparto.
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Los menores de 18 años.
En dichos supuestos deben ser atendidos de la misma manera que a los ciudadanos españoles. Para el 2015 el gobierno de Cristina Cifuentes ordenó atención a todas las personas sin papeles.
Se pudo hacer contacto con el departamento de prensa de la Consejería de Sanidad a través de un correo electrónico. Esta señaló que era falso que se le negara la atención sanitaria a embarazadas y menores en situación irregular.
